Tras concluir la votación en la Cámara de Diputados y Diputadas, la megarreforma tributaria impulsada por el gobierno de Kast fue despachada al Senado para su tramitación. El resultado refleja un retroceso profundo en derechos sociales, justicia ambiental y democracia, consolidando privilegios para grandes capitales mientras se debilita la capacidad del Estado de responder a las necesidades ciudadanas.
La diputada Ana María Gazmuri señaló: “Hoy es un día triste para Chile. La megarreforma aprobada es un atentado a la democracia, porque impide que las mayorías futuras puedan decidir soberanamente sobre la política fiscal del país. Se profundizan beneficios para grandes empresas mientras se debilita la justicia ambiental, avanzando en la dirección contraria al Acuerdo de Escazú.”
“Aun cuando este proyecto fue aprobado, seguimos convencidos de que esta es una reforma profundamente nefasta para el país. La rebaja del impuesto corporativo significa menos recursos permanentes para financiar derechos sociales, debilitando la capacidad del Estado para responder a las necesidades de las familias chilenas, mientras las grandes empresas son nuevamente las principales beneficiadas”, agregó la parlamentaria.
Gazmuri advirtió: “Grave también es la invariabilidad tributaria por 25 años para grandes inversiones extranjeras, porque amarra a futuras generaciones y limita la soberanía democrática para adecuar la política tributaria a los desafíos económicos, sociales y ambientales del país. Se establecen verdaderos candados que privilegian certezas para grandes capitales por sobre la capacidad del Estado de responder a las necesidades ciudadanas.”
“Esta reforma además afecta la participación ciudadana y debilita los estándares de justicia ambiental, reduciendo espacios de incidencia de las comunidades en decisiones que impactan directamente sus territorios. Se avanza en flexibilizar procesos ambientales cuando lo que Chile necesita es fortalecer la confianza pública, la transparencia y la protección de las comunidades”, enfatizó la diputada.
La parlamentaria sostuvo: “A esto se suma la disminución del Fondo Común Municipal, afectando directamente a las comunas con menos recursos y debilitando la capacidad de los municipios para financiar servicios esenciales. También se incorporan medidas regresivas como nuevas exenciones de IVA a viviendas y beneficios tributarios para la tercera vivienda, favoreciendo nuevamente la acumulación patrimonial y los sectores de mayores ingresos en lugar de enfrentar la crisis habitacional con foco en quienes más lo necesitan.”
Finalmente, la diputada concluyó: “Esperamos que el Senado revierta este proyecto porque Chile necesita una reforma tributaria que reduzca desigualdades, fortalezca la justicia territorial y ambiental, y entregue más herramientas para financiar derechos sociales, no una legislación diseñada para consolidar privilegios y limitar las decisiones democráticas del futuro.”
