El Juzgado de Garantía de Limache decretó la libertad de los dos individuos arrestados por el ataque contra el diputado Javier Olivares. Los sujetos enfrentaron cargos por atentado contra la autoridad y lesiones menos graves, resultando con arraigo nacional, firma quincenal y la prohibición de aproximarse a los afectados durante la indagatoria.
Tras la audiencia, el parlamentario del PDG manifestó su profundo descontento con el actuar del Ministerio Público y el sistema judicial. “Tenemos una justicia que primero va con y para los delincuentes y no para las víctimas”, reclamó Javier Olivares, calificando el trabajo de la Fiscalía como “bastante paupérrimo” ante la falta de una solicitud de prisión preventiva.
El legislador continuó con sus descargos asegurando que el desenlace del control de detención envía una señal errónea a la sociedad civil. “Por tanto el mensaje es claro para la ciudadanía: ‘vaya y péguele a cualquier persona, que no le va a pasar absolutamente nada’”, sentenció de forma tajante al abandonar el tribunal.
Javier Olivares sigue en la mira
Por su parte, el exfiscal Carlos Gajardo rebatió los argumentos de Javier Olivares, aclarando que la ley no contempla medidas extremas para este tipo de faltas. “No conozco un caso en que a un imputado por lesiones leves se le aplique la medida de prisión preventiva”, explicó el abogado, defendiendo la decisión técnica del organismo persecutor.
Gajardo cerró su intervención apelando al principio de equidad jurídica y restando peso al cargo político del denunciante en el proceso penal. “No por ser diputado el delito es más grave. De eso se trata la igualdad ante la ley”, concluyó, tildando de absurdo el cuestionamiento a la Fiscalía dada la naturaleza del hecho.
