La ministra Vocera de Gobierno, Mara Sedini (IND), abordó este jueves la controversia generada tras afirmar erróneamente que el exfrentista Galvarino Apablaza contaba con una condena en Chile por el asesinato del senador Jaime Guzmán, ocurrido en 1991. Sus dichos fueron cuestionados, ya que, si bien Apablaza es señalado como autor intelectual del crimen, no ha sido procesado ni condenado por ese caso en el país.
Actualmente, el exfrentista de 75 años figura como requerido por la justicia chilena, luego de que en Argentina se revocara su condición de refugiado. Sin embargo, su defensa sostiene que dicho estatus aún se mantiene vigente. La situación judicial de Apablaza continúa siendo objeto de debate, tanto por su eventual traslado a Chile como por la interpretación de su condición migratoria.
Durante la noche del miércoles, en el marco de la conmemoración por los 35 años de la muerte de Jaime Guzmán, la ministra fue consultada sobre la posibilidad de rectificar sus declaraciones. No obstante, evitó referirse al tema en ese momento y se limitó a solicitar respeto por la ceremonia que se llevaba a cabo.
Respuesta de Mara Sedini
Recién la mañana de este jueves, Mara Sedini se pronunció a través de su cuenta en X (Twitter), donde no reconoció de forma directa el error y acusó un uso político de la situación. “Galvarino Apablaza es un prófugo de la justicia chilena. No está condenado, sino acusado de ser el autor intelectual del asesinato del senador Jaime Guzmán hace 35 años, y debe ser juzgado por nuestros tribunales”, escribió. Luego añadió: “Que el aprovechamiento político no nos desvíe: es hora de que vuelva a Chile, enfrente a la justicia y se aplique todo el rigor de la ley”.
En paralelo, un operativo realizado el miércoles en Argentina para detener a Apablaza no tuvo resultados positivos, ya que no fue encontrado en su domicilio pese a existir una orden de captura dictada por la jueza María Servini. La diligencia se enmarca en el proceso para concretar su traslado a Chile, donde enfrenta causas pendientes por su presunta participación en el homicidio de Guzmán. Tras el procedimiento fallido, su abogado, Rodolfo Yanzón, descartó una fuga y cuestionó la legalidad de la orden, asegurando que su representado no tiene restricciones de movilidad y que su condición de refugiado seguiría vigente, lo que, según afirmó, lo mantendría protegido por la normativa internacional.
