La Presidencia de la República ha escalado a la Corte Suprema un conflicto legal con el Consejo Para la Transparencia (CPLT), buscando anular una orden que le exige entregar copias de los correos institucionales de los asesores del Segundo Piso, Miguel Crispi Serrano y Carlos Durán Faúndez. Esta información fue solicitada en el marco de las gestiones para el reemplazo del subsecretario involucrado en el denominado caso Monsalve, lo que ha generado una disputa sobre el acceso a comunicaciones internas del Ejecutivo.
El origen del litigio radica en una solicitud de acceso a la información presentada a fines de 2024 por el diputado Tomás Lagomarsino, quien requirió los correos electrónicos intercambiados por Crispi y Durán entre el 14 y el 18 de octubre de ese año, periodo clave en la búsqueda del sucesor del subsecretario denunciado. Tras una negativa inicial del Gobierno, el parlamentario recurrió al CPLT, que falló a su favor. La Moneda apeló sin éxito ante la Corte de Apelaciones de Santiago, y ante el nuevo fallo adverso, el caso llegó al máximo tribunal, según consignó Radio Biobío.
En representación de Presidencia, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó un recurso de queja contra las ministras y la abogada integrante de la Corte de Apelaciones, acusando "faltas o abusos graves" en la sentencia dictada el 9 de septiembre de 2025. El escrito del CDE sostiene que la Corte habría ordenado "entregar correos electrónicos que no existen", ya que Presidencia asegura que, tras revisar las casillas de Crispi y Durán, no se encontraron comunicaciones sobre el caso Monsalve en las fechas específicas solicitadas.
Novedades en el Caso Monsalve
El argumento de la inexistencia, sin embargo, había sido previamente desestimado por no haberse planteado en la etapa administrativa, a lo que el CDE se defiende indicando que no podían hacerlo antes porque los funcionarios ejercieron su derecho a oponerse a la revisión de sus correos. El organismo de defensa estatal argumenta que tanto Crispi como Durán están amparados por la inviolabilidad de las comunicaciones privadas, protegida por el artículo 19 N°5 de la Constitución y el artículo 20 de la Ley de Transparencia.
Mientras la sentencia de la Corte de Apelaciones figura como "firme y ejecutoriada" en el sistema judicial, lo que implicaría la entrega inmediata de los correos, el recurso de queja presentado ante la Suprema mantiene el proceso suspendido. El diputado Lagomarsino acusa que la resolución no se ha cumplido y que el recurso del CDE "no constituye apelación y, por tanto, la resolución está firme". Desde Presidencia confirmaron que el recurso fue interpuesto el 15 de septiembre y que la tramitación "aún se encuentra en curso", mientras que el CPLT ha optado por el silencio hasta la decisión final.
