El Juzgado de Garantía de Talcahuano decretó la medida cautelar de prisión preventiva para Agustín Pablo Saavedra Opazo y Luciano Haroldo Gutiérrez Romero, quienes enfrentan cargos como coautores de homicidio calificado. El tribunal basó su decisión en la existencia de alevosía y premeditación en el ataque contra un joven de 20 años, ocurrido durante la madrugada del 1 de enero de 2025 en el recinto Espacio Marina, en el marco de las celebraciones de inicio de año.
De acuerdo con la exposición de la Fiscalía, la agresión se habría originado por una disputa previa ocurrida dos semanas antes en un local de Concepción. Los antecedentes indican que los imputados, junto a otros sujetos, abordaron a la víctima en Talcahuano, identificada como Cristóbal Miranda Olivares, para exigirle que se arrodillara y pidiera disculpas. Ante la resistencia del joven, fue golpeado en el rostro y posteriormente atacado en el suelo con pies y puños, sufriendo un traumatismo encéfalo craneano grave que le causó la muerte dos días después en la Clínica Biobío.
Uno de los puntos clave presentados por el fiscal Juan Yáñez fue la existencia de evidencia digital que sugiere una planificación del crimen. El persecutor reveló la detección de publicaciones en Instagram y un grupo de chat donde se coordinaban las agresiones. “Encontramos comunicaciones previas respecto de promesas de agresión. Es un grupo que formaron los imputados junto a otras personas, donde mantenían contacto permanente”, explicó Yáñez, detallando que tras el deceso de la víctima, un integrante del grupo escribió: “Parece que se hizo realidad”.
Tragedia en Talcahuano
La magistrada Andrea Rodríguez también destacó las acciones posteriores al ataque en Talcahuano como fundamento para la cautelar. Según los informes, los involucrados se habrían congregado en una vivienda particular con el fin de obstruir la justicia. “Luego de la agresión sufrida por la víctima, los imputados que están presentes se habrían reunido en un domicilio. Habrían conversado acerca de la eliminación de videos y conversaciones”, señaló la jueza durante la audiencia de formalización.
Finalmente, el tribunal fijó un plazo de cuatro meses para el desarrollo de la investigación, periodo durante el cual Saavedra y Gutiérrez deberán permanecer privados de libertad. Mientras tanto, las autoridades continúan con las diligencias para identificar al resto de los integrantes del grupo que participó en la golpiza fatal en el centro de eventos de la Región del Biobío.
