El Consejo de Defensa del Estado (CDE) ha escalado su postura judicial frente a la gestión de la exalcaldesa Cathy Barriga, presentando una acusación particular que exige penas que totalizan 37 años de presidio. El documento, ingresado ante el 9° Juzgado de Garantía de Santiago por el procurador fiscal Marcelo Chandía, supera significativamente la solicitud del Ministerio Público, que a finales de 2025 había pedido una condena de 23 años de cárcel para la exautoridad comunal.
La arremetida del organismo estatal se fundamenta en la presunta existencia de una estructura interna diseñada para evadir los controles financieros de la Municipalidad de Maipú entre 2016 y 2021. Según el libelo, esta organización permitió la ejecución de gastos sin el respaldo técnico necesario y el desarrollo de alteraciones contables de carácter reiterado. Para el CDE, estas acciones de Cathy Barriga no fueron eventos fortuitos, sino una metodología de administración sistemática para liberar fondos de forma artificial.
El informe detalla que el perjuicio fiscal calculado alcanza los $32.884 millones, cifra vinculada a una sobreejecución presupuestaria y al ocultamiento de obligaciones financieras. La acusación pone especial énfasis en el uso irregular de certificados de disponibilidad de recursos para financiar programas, contrataciones y eventos de gran escala. El organismo sostiene que la administración de Barriga operó sin los filtros mínimos de fiscalización, comprometiendo gravemente el patrimonio municipal.
Cathy Barriga, en problemas
Dentro de los puntos críticos observados por el fisco se encuentran millonarios pagos de Cathy Barriga a proveedores realizados sin contar con el financiamiento real disponible en las arcas públicas. Asimismo, se cuestiona el destino de recursos en eventos masivos y campañas comunicacionales que no habrían cumplido con los estándares de transparencia exigidos. Estas irregularidades contables habrían permitido proyectar una situación financiera saludable mientras el déficit se incrementaba de manera sostenida.
Con la investigación penal ya clausurada, el proceso entra ahora en su fase decisiva. La audiencia de preparación de juicio oral ha sido programada para el próximo 2 de febrero de 2026, instancia en la que el tribunal revisará las pruebas presentadas por el CDE y la Fiscalía. En dicha jornada se definirán los elementos probatorios y las acusaciones finales que enfrentará la exalcaldesa en el juicio que determinará su responsabilidad en este millonario desfalco.
