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Ha generado malestar en el Frente Amplio.
La organización Izquierda Autónoma, a la cual pertenece la diputada Camila Rojas, cuestionó en una declaración el contenido de la Agenda Mujer del Gobierno por considerar que no ataca la desigualdad y violencia estructural hacia las mujeres, e identificó cuatro «falencias» en la propuesta presidencial.
La primera es su enfoque punitivo. La colectividad valoró la necesidad de discutir los proyectos anunciados para «establecer condiciones mínimas de igualdad y sancionar las manifestaciones más extremas de la violencia», pero advirtió que «a punta de castigos, el único derecho que se nos otorga es el de ejercer más violencia, cuestión que escapa de la posibilidad de librarnos de la discriminación social, sexual y económica que a la que el sistema nos somete».
También IA denunció el enfoque empresarial del anuncio, en especial en la propuesta de igualdad de trato en los planes de isapres, que se fundamentará en el alza de gasto de los hombres, lo que demuestra «que los intereses empresariales orientan la acción estatal e impiden discutir cuestiones estructurales como las utilidades de las Isapres y el lucro con los derechos».
Igualmente, la organización aseguró que tras estas propuestas se busca «perpetuar la idea de que las mujeres tenemos un rol natural en la sociedad dedicado a los cuidados de otros, principalmente a la familia, reforzando el concepto de mujer-madre como forma de legitimarnos y encontrar un espacio en la sociedad».
Finalmente, IA acusó al Gobierno de no incluir realmente en la Agenda Mujer las demandas de la movilización feminista. «La Ola Feminista ha puesto sobre la mesa la necesidad de construir educación pública no sexista como primer paso para acabar con la discriminación hacia las mujeres y la injusta división sexual del trabajo sobre la que se sustenta», dijo la organización.
Por todo ello, sumado a los polémicos dichos del ministro Gerardo Varela, IA decidió «adherir al llamado de diferentes actorías sociales que han solicitado la renuncia del Ministro de Educación y llamamos al gobierno a buscar a autoridades competentes».
