La amistad de Enzo Muñoz Arévalo y Héctor Patricio Sobarzo Núñez se remonta a los años en que ambos se conocieron en el sur de Chile y quedaría para siempre sellada el 2 de julio de 1984, cuando recién empezaban a vivir sus 30 años. Enzo Muñoz era comerciante y militante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), mientras que Héctor Sobarzo era profesor, estudiante de sociología en la Universidad de Concepción y militaba en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). Estuvo fuertemente comprometido con la defensa de los derechos humanos durante la dictadura, participando activamente en actividades de la Asociación Gremial de Educadores de Chile (AGECH) y la Agrupación de Profesionales Democráticos (APD). Ese día de julio de 1984, la Brigada Verde de la Central Nacional de Inteligencia (CNI) asesinó a Muñoz y Sobarzo en un operativo que -al día siguiente- también acabaría con la vida de Juan Varas Silva y Ana Delgado Tapia. En ese momento, la información oficial daba cuenta que “el 2 de julio a las 23.50 horas personal de la CNI detectó la presencia de sospechosos que se movilizaban en un vehículo en la Avenida José Pedro Alessandri, a metros de la Rotonda Departamental. Desde su interior los sospechosos dispararon contra los efectivos de seguridad los que repelieron el ataque generándose un enfrentamiento que culminó con la muerte de Enzo Muñoz y Héctor Sobarzo”. La investigación estimó que Muñoz se encontraba en una clínica clandestina, ubicada en la comuna de Macul, al cuidado de un paramédico, y que al empeorar su estado optaron por pedir ayuda a de la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo (Codepu), en donde Sobarzo era secretario ejecutivo y le fue asignado el caso. Según
testigos que declararon en la investigación, al salir de la clínica para llamar a un médico, su auto fue interceptado cuando se estacionaron en la Rotonda Departamental, frente al conjunto habitacional Don Camilo, para bajarse a hablar por teléfono. “En ese momento aparecieron numerosos vehículos con personal de civil armado quienes dispararon contra Enzo Muñoz y detuvieron con vida a Héctor Sobarzo, lo introdujeron a un vehículo”, para luego darle muerte en las cercanías del Zanjón de la Aguada. Tras escuchar los disparos, quienes se encontraban en la clínica comenzaron a salir, y entre los que estaban se cuenta a Juan Varas Silva y Ana Delgado Tapia, quienes fueron detenidos en las cercanías y llevados al Cuartel Borgoño de la CNI, en donde fueron torturados y luego asesinados. Por el asesinato de Sobarzo y Muñoz fueron condenados a quince años y un día de presidio mayor en su grado máximo Reimer Kohlitz Fell y Juan Eduardo Rubilar Ottone. Este último se encontraba prófugo de la justicia desde que fue sentenciado en 2015, y fue detenido este fin de semana en Pucón, cerca del Paso Internacional. El ex coronel Juan Rubilar Ottone era quien dirigió entre 1984 y 1987 “La brigada verde”, organismo represivo al interior de la CNI, que enfocaba su actuar en un comienzo contra los miembros del MAPU y la Izquierda Cristiana, para luego enfocarse en el Partido Comunista y el FPMR. Allí, Ottone recibía órdenes directas de Álvaro Corbalán Castilla Su condición de prófugo de la justicia precisamente lo llevó a ser parte de una campaña de la
Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos de Chile (Afep), que el año pasado buscaba dar con su paradero. En la misma causa fueron condenados también como autores de homicidio calificado Álvaro Corbalán Castilla, Hernán Vásquez Villegas, Jorge Hernández Espinoza y Pedro Javier Guzmán Olivares por el homicidio calificado de Ana Delgado Tapia y de Juan Manuel Varas Silva. Hasta noviembre de 2017,
Reimer Kohlitz Fell también se encontraba prófugo, pero fue detenido durante una operación antidrogas cerca de Curarrehue. Según antecedentes dados a conocer en el fallo, Juan Varas (mecánico y miembro del MIR) y Ana Delgado (ingeniero agrónomo y militante del PC) fueron detenidos, llevados a un cuartel de la CNI para ser torturados y al día siguiente conducidos a Callejón Lo Ovalle, en la comuna de San Joaquín, donde los acribillaron a tiros el 3 de julio de 1984. La sentencia dictada en 2015 ordenó al Fisco,
en su aspecto civil, a pagar $30 millones a cada uno de los nueve familiares de las víctimas que presentaron demanda. Redacción: El Dínamo
