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Diputada Camila Rojas declaró en proceso judicial contra Banco Falabella por cláusulas abusivas en contratos por el CAE

Hasta los juzgados de justicia civil llegó la diputada Camila Rojas a prestar su testimonio en el proceso judicial colectivo entablado contra el Banco Falabella, a partir del informe de la Comisión Investigadora del CAE. La iniciativa, patrocinada por el abogado Belisario Prats, es articulada por la organización Deuda Educativa, dirigida por Juan Pablo Rojas. El juicio es uno de las seis procesos sostenidos contra la totalidad de los bancos prestadores de créditos.

Juan Pablo sostuvo en el lugar que la demanda contra el Banco Falabella se trata de una serie de «cláusulas ilegales y abusivas que se incorporan en los contratos que se hace firmar a estudiantes que pensaban que el CAE era un beneficio social», sin embargo, éste se trata de «un crédito bancario de consumo, pactado en Unidades de Fomento». Y subrayó que «si no pagas te demandan, te privan de la posibilidad de acceso a casa propia, te meten a Dicom, a quienes trabajan y boletean les quitan la devolución de impuestos».

La demanda persigue la anulación de pagarés que tampoco son firmados por quienes contraen el crédito, sino que «te firman a través de un mandato judicial que se firma al momento de firmar el contrato».

Camila Rojas señaló sobre este punto que en la Comisión Investigadora del CAE aprobado por la Cámara de Diputados, fue el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) el que sostuvo que «quien firma el contrato del CAE está en posición de vulnerabilidad», pues se trata de «jóvenes de 18 años, con evidente asimetría de información y bajo amenaza de quedarse afuera de la U».

La diputada señaló que apuesta porque «el CAE deje de causar daño»: «Adquirimos el compromiso de enmendar lo abusivo del CAE y créditos para estudiar en general. Una vez que asumimos como diputación, levantamos la comisión investigadora junto a la organización ciudadana Deuda Educativa y, a su vez, pusimos dicho trabajo a disposición de esta demanda judicial».

En específico, remarcó la importancia de que se haga público que los contratos que se firman a la hora de adquirir un CAE «tienen cláusulas ilegales, pagarés en blanco, y mecanismos abusivos a quienes firman», declaró.

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