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Luego de que El Tribunal Constitucional acogiera el requerimiento presentado por Chile Vamos, el cual revirtió el dictamen anteriormente emitido por la Contraloría, declarando, así, que las instituciones de salud pueden ser objetoras de conciencia (y no solo las personas), desde el Frente Amplio las reacciones de indignación ante el dictamen no se hicieron esperar.
Al respecto, Camila Rojas, diputada por el Frente Amplio (Izquierda Autónoma), declaró que el Tribunal Constitucional vuelve a dar golpe autoritario desautorizando a la Contraloría. Antes pasó por sobre el Congreso, legislando la objeción institucional que perdió por mayoría en el debate parlamentario», señalando, además, que dicho tribunal «protege el negocio de las clínicas privadas por sobre los derechos de mujeres y niñas».
En la misma línea, la Vocera de la Mesa de Acción por el Aborto en Chile, Macarena Castañeda, se mostró indignada al «ver como nos quitan vía administrativa un derecho ganado democráticamente en una discusión que duró añosy por todas las vías que como país nos hemos dado. Para el gobierno y sus parlamentarios es más importante la libertad empresarial que los derechos de las mujeres e incluso que la obligación del Estado de garantizar derechos, y están dispuestos a pisotear nuestra democracia para conseguirlo».
La diputada por el distrito 7 fue incluso más allá, planteando que «nos declaramos en estado de alertafrente a la real posibilidad de retroceso de derechos de las mujeres. Al fallo del Tribunal Constitucional que impide la aplicación del Aborto en tres causales, pero cuida el subsidio público y negocio de servicios de salud privados, se suma el ante proyecto de reforma al Código Penal que tiende un manto de impunidad al delito violación. No nos quedarenos impávidas, y desde ya llamamos a las organizaciones sociales y políticas a defender las conquistas democráticas empujadas desde la movilización social«.
En tanto, la Secretaria Ejecutiva de Izquierda Autónoma, puso el énfasis en la situación de riesgo en que, a su parecer, este dictamen genera hacia las mujeres, señalando que «los insistentes esfuerzos por impedir atención a las mujeres que han abortado o quieren hacerlo, nos dice que el gobierno y sus parlamentarios prefieren arriesgar la salud de todas nosotras, con tal de mantener el interés lucrativo e ideológico de las instituciones privadas, las mismas que no tienen problemas con atender a violadores y abusadores».
