Todo igual. Este viernes por la madrugada el Congreso anunció el llamado "Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución", luego del estallido social del pasado 18 de octubre. En este acuerdo se estableció el marco que desarrollará el proceso de elaboración de una nueva constitución.
Desde el oficialismo hasta la oposición (excepto el Partido Humanista, Partido Comunista, Partido Ecologista Verde), se ratificó que en abril de 2020 se llevará a cabo un “plebiscito de entrada”, en donde la ciudadanía deberá decidir si, por una parte, desea o no una nueva Constitución, y por otra, si se inclina porque esta sea redactada por una “Convención Constitucional” o una “Convención Mixta Constitucional”.
Los integrantes de la “Convención Constitucional” serán electos íntegramente por la ciudadanía. En la segunda, en la “Convención Mixta Constitucional”, sus miembros serán escogidos un 50% por la población y el otro 50% corresponderá a parlamentarios en ejercicio.
El órgano constituyente definido en el Plebiscito tendrá 9 meses de plazo para funcionar, prorrogables por otros 3, pero sólo por una vez.
Por último, en el acuerdo se establece un “plebiscito de salida” que deberá ratificar la nueva Constitución, y para ello se impondrá la modalidad de voto obligatorio.
Hay dos principales cuestionamientos a la medida. Según lo establecido en el punto 4, se señala que la elección de los miembros de cualquiera de las dos instancias constituyentes que escoja la ciudadanía con el mismo sistema que rige en las elecciones de parlamentarios hoy en día.
Esto implicaría, que los integrantes de la constituyente deberán estar inscritos en partidos políticos. Además, no estar incluidos sectores minoritarios como los pueblos originarios, sindicalistas o disidencias sexuales, como sí ocurriría en una Asamblea Constituyente. Asimismo, la dificultad de distritos gigantes, posibilitando una competencia desigual, en donde quienes tienen más dinero, o sean más conocidos, ganene.
La segunda crítica está vinculada al punto 6 del acuerdo, en donde se señala que “el órgano constituyente deberá aprobar las normas y el reglamento de votación de las mismas por un quórum de dos tercios de sus miembros en ejercicio”.
Este quórum ha sido cuestionado por lo alto, y es uno de los principales enclaves de Jaime Guzmán. Una minoría de un 34% pesará lo mismo que el 66%, por lo que se podrá romper cualquier proyecto.
