Sebastián Bastias AriasLicenciado en Historia.
Magister en Ciencias PolíticasDoctor (c) en Filosofía Política.
Hace más de 2000 años una de las conclusiones fundamentales a las cuales llega Aristóteles, en sus libros La Política y La Ética, es que, y siguiendo lo que posteriormente se llamará “lógica aristotélica”, es que por medio de simples silogismos podemos llegar a conclusiones lógicas. Una de ellas es que; si en una comunidad política sus autoridades no eran ejemplos de virtud, por lógica, la comunidad política decaerá en su apego a las virtudes. En otras palabras, y abriendo otra arista, no existe posibilidad alguna que una comunidad política se sostenga en base a sus costumbres, la moral, si ella se encuentre erosionada por los actos inmorales de quienes deberían ser su ejemplo. ¿Son nuestras autoridades algún tipo de ejemplo de virtud?, o podemos hacer otra interesante pregunta; si son ejemplo de algo, ¿de qué es? Y la respuesta es que sí son ejemplo de algo; de ser privilegiados. Hoy, mirando los casos con más perspectiva, nos encontramos ante el resultado de un proceso de desintegración de toda dimensión social bajo el amparo de esa frase que se repitió como mantra, o axioma, una y otra vez; “dejemos que las instituciones funcionen”. Las instituciones “funcionaron”, hoy vemos los resultados de ese brillante “funcionamiento”.
Haciendo un pequeño resumen filosófico podemos decir que las “instituciones”, desde la más pequeña hasta el Estado o las Organizaciones Internacionales, no son más que la “materialización” de una necesidad, el llegar a volver material un abstracto como son la comunidad, sus conceptos de justicia, su necesidad de educación, las ideas de moral, búsqueda de protección, etc. Cada una de las instituciones “representan” un interés con respecto a un tema que es, en sí, obviamente abstracto en su origen; ejemplo de ello es el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, como antes lo fue el de Medio Ambiente, respondiendo a las necesidades de una sociedad cada vez “más compleja” y con nuevas emergencias que atender. En “teoría” la materialización de las instituciones funciona de manera “lógica”, por una suerte de necesidades que se vuelven concretas en pos de satisfacer los valores que esa comunidad política demanda.
Pero como señalaba Brecht con respecto a las grandes máquinas modernas, todas y cada una de ellas tenían un “defecto”; necesitaban de un “ser humano” para que funcionaran. Creo que ahí radica uno de los problemas fundamentales del mantra; “dejemos que las instituciones funcionen”. Y es que funcionaban, y de la peor manera posible, manejadas por seres humanos alejados de cualquier principio moral. Es decir nos encontramos con una destrucción de toda teoría institucional donde, apegado más a aspectos de salvaguardar las mismas instituciones, se actuó –inmoralmente- en contra de aquellos principios abstractos que aquella institución debía encarnar.
Todo salía “gratis”, pensaron, mientras bullados casos de corrupción política, correos electrónicos con indicaciones a leyes en tramitación, facturas falsas que financiaban a políticos y centros de estudios, o pedidos de “raspados de olla” en pos de dineros, quedaban sin sanción efectiva alguna. ¿Es posible mantener una cohesión social ahí donde algunos, y justamente los que deberían ser ejemplo de virtud política, tienen el privilegio que todos aquellos actos en contra de la ley les saldrán gratis? “Dejemos que las instituciones funcionen”, pero las instituciones deben su legitimidad y su emergencia a quienes les dan vida en su sentido más abstracto, no a quienes están a cargo de ellas. “Cien años de injusticia no hacen derecho”, decía Hegel, “pero si puede crear jurisprudencia” podrán decir otros, el problema es el mismo; llegar a acuerdos injustos aunque “legales” no quitará la percepción de injusticia por parte de la comunidad política. Así las instituciones siguen funcionando, legalmente pero sin legitimidad alguna. Son la ley, son la ley que se respetaba, pero que no se consideraba como “justa”.
No puede haber igualdad ante la ley ahí donde, justamente, quienes deben ser ejemplo de los valores morales de una sociedad actúan en su contra y no son sancionados. “Debíamos llegar a acuerdos”, submantra del original; “Dejemos que las instituciones funcionen”. Así no funcionan las instituciones, así se destruyen las instituciones al estar completamente separadas de sus “principios” no escritos, al volverse innecesarias entonces para la sociedad que ya no ve correspondencia alguna entre sus principios y aquella institución que los dice encarnar, pero todo saldría gratis, creían, mientras destruían todo principio de autoridad republicana. Un dato no menor es que, de acuerdo al Centro de Microdatos de la Universidad de Chile y también de CADEM, los niveles de credibilidad del Congreso son incluso menores a los del Presidente de la República. Mientras discuten más y más en un “Acuerdo” que cada vez se ve más borroso, los actos de acentuar la división entre nuestra percepción de justicia y lo que “hace la justicia” se mantienen, lanzando parafina al fuego ya existente de descontento social; más de 3000 millones de pesos “no tienen responsables” de acuerdo a la investigación llevada a cabo por el Ejército, Laurence Golborne paga 11 millones por facturas falsas que sumaban más de 350 millones, y el Ministro de Agricultura tramita la creación de embalses sin Estudio de Impacto Ambiental – una bestialidad medioambiental- mientras sigue siendo dueño de enormes derechos de aguas. ¿No habrá un poco de sensatez? ¿Un poco de sentido común?.
El “dejar que las instituciones funcionen” nos tiene en la situación actual, y se niegan a actuar de otra manera manteniendo el mismo “velo de la inmoralidad” –como antípodas del “velo de la ignorancia rawlsiano”- donde hacen todo de acuerdo a su posición de beneficios y privilegios, dejando en el olvido aquella moral –esas costumbres no escritas- de las cuales deberían ser sus custodios, y no sus destructores. ¿Qué es, sino su destrucción, el que cada una de nuestras instituciones políticas estén en crisis de credibilidad y confianza? Están ahí, pero nadie o muy pocos creen en ellas como legítimas representantes de esos valores y virtudes republicanas que deberían encarnar, sino al contrario, actuando en contra de toda forma de cohesión social y alimentando el fuego que dicen condenar por medio de la violencia de sus extraños privilegios; donde la moral social queda en “estado de excepción” en pos de salvaguardar la institucionalidad ya corrompida.