- La iniciativa establece medidas como la creación de un fondo público que permita la compra de acciones ordinarias por parte del Estado a empresas; la adquisición de su propiedad; la participación de los trabajadores y el Eº en el gobierno corporativo de estas empresas y la paridad en este órgano. También se prohibirá la suspensión de las relaciones laborales, rebajas de jornada y despidos a los trabajadores/as, y se exigirá a las empresas ejecutar planes de mejora continua en materia ambiental, en línea con la agenda 2030.
Esta mañana la bancada parlamentaria de Convergencia Social (CS) presentó un proyecto de acuerdo que solicita al presidente de la República la implementación de una ley que establezca criterios de participación del Estado en empresas que reciban financiamiento público durante la pandemia, para resguardar la fuente laboral de sus trabajadores.
La presidenta de Convergencia Social, Gael Yeomans manifestó que “La crisis por covid-19 producirá una de las crisis económicas más fuertes de la historia reciente. Hoy estamos viendo cómo los trabajadores y trabajadoras están pagando la crisis: los despiden, les congelan la relación laboral o les bajan el sueldo. Frente a este escenario de desprotección, como Convergencia Social proponemos que se adopten medidas con responsabilidad fiscal, sustentabilidad ecológica y de género, que den protección a las y los trabajadores e intervengan en la situación que están viviendo miles de familias, trabajadoras y trabajadores susceptibles a perder su fuente laboral”, expresó.
Y agregó: “Creemos también que el Estado y los y las trabajadoras deben tener participación al interior del gobierno corporativo de estas empresas, que además debe estar integrado por mujeres de forma paritaria, porque ya no es momento de seguir con la política de la invisibilización”.
El diputado Gabriel Boric planteó que “se requiere un rol interventor mucho más potente y, de hecho, nosotros vamos a presentar un proyecto de resolución para poner en discusión cómo el Estado entra a la propiedad de empresas estratégicas a partir de las solicitudes de ayuda que pueden ser muy razonables, si es que tienen una contraprestación por parte de la empresa hacia el Estado”.
Por su parte, Gonzalo Winter declaró que “nuestra iniciativa propone establecer criterios para entregar ayuda a las grandes empresas que eventualmente soliciten rescates fiscales, exigiendo a cambio el cumplimiento de una agenda progresista con participación del Estado y los trabajadores en su directorio. Este salvataje condicionado permitirá al Estado planificar cómo enfrentar las futuras crisis, asumiendo un nuevo rol en la economía y diversificando nuestra matriz productiva para tener un crecimiento alto, con criterios feministas, sustentable y distribuido de manera justa entre todas y todos los chilenos”
Asimismo, el diputado Diego Ibáñez indicó que “la pandemia abre la oportunidad de reactivar la economía con un sello ecológico, frente a la crisis climática que azota a Chile y el mundo. Si el Estado ayuda a las empresas, éstas deben ser armónicas con el medio ambiente, sin saquear agua, dejar con metales en la sangre a la niñez y postergar a las regiones mientras pagan contribuciones en Santiago Oriente. El Estado, mediante su participación, debe velar por el buen vivir de regiones y comunidades postergadas históricamente”.
