A través de un comunicado de prensa, el Colegio de Periodistas se puso del lado de José Antonio Neme, por sus declaraciones contra la PDI que le valieron una demanda.
Luego que José Antonio Neme dejara entrever que el operativo de la PDI en Temucuicui, donde resultó muerto un detective, era un montaje, la Policía de Investigaciones se lanzó contra el periodista e interpuso una demanda.
Ante esto, el Colegio de Periodistas de Chile emitió un comunicado donde defiende al rostro de La Red. Aquí lo exponemos en su totalidad:
El Colegio de Periodistas de Chile solidariza con el dolor de la familia del funcionario de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), Luis Morales, asesinado en un lamentable y confuso operativo en la zona de Temucuicui el pasado 7 de enero. Sin embargo, rechaza la decisión de la PDI de representar una acción judicial particular en contra del periodista José Antonio Neme, quien emitió una opinión en el medio de comunicación La Red en el cual se desempeña como trabajador. Neme, en el programa Hola Chile, se refirió sobre los operativos policiales protagonizados por dicha institución, entre ellos, los ocurridos en el allanamiento en la comunidad de Temucuicui.
Este miércoles 20 de enero, La Red y Neme fueron notificados de la presentación de un recurso de protección a favor de Paula Morales, hermana del funcionario de la PDI Luis Morales, “por haber transgredido el respeto y la protección de la vida privada y la honra de la persona y su familia y darle connotación de montaje al procedimiento policial efectuado el 7 de enero en Temucuicui donde fue asesinado el detective Morales”.
El recurso de protección contra el medio de comunicación y el periodista fue presentado por el abogado y Prefecto Inspector de la PDI, Luis Silva Barrera, lo que a criterio del Colegio de Periodistas de Chile incurre en un acto de censura que busca vulnerar el ejercicio de la libertad de prensa y de expresión. Es un grave error que las instituciones públicas amparen estas acciones cada vez que los profesionales de las comunicaciones ejercen el legítimo derecho consagrado en la Constitución y ratificado por diversas convenciones internacionales ratificadas por el Estado de Chile.
Ya la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, en su Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del año 2017, señaló que en Chile “la aplicación del derecho penal para sancionar expresiones referidas a funcionarios públicos es desproporcionada cuando se trata de un discurso protegido, como la información o expresión sobre asuntos de interés público, y viola el derecho a la libertad de expresión”. Asimismo, el relator especial Edison Lanza, recomienda al Estado fortalecer las garantías legales para que las y los periodistas no sean sometidos a acoso judicial u otro tipo de hostigamiento jurídico como represalia por su trabajo.
Por otra parte, la Ley de Prensa establece que la libertad de emitir opinión contempla que en dicho ejercicio las y los profesionales no puedan ser perseguidos ni discriminados, en tanto se reconoce a las personas “el derecho a ser informadas sobre los hechos de interés general”. Al respecto, señala el marco legal, no se puede considerar injuria cuando las opiniones tienen por motivo defender el interés público general.
En un país democrático la libertad de expresión es fundamental para conocer el estado de las instituciones, dado el interés público que representan en la ciudadanía. Por eso, el Colegio de Periodistas de Chile considera urgente y necesario que se debate en los medios de comunicación sobre el actuar de las policías y sus protocolos institucionales, los cuales han sido cuestionados últimamente por la opinión pública y sociedad civil.
Finalmente, la Orden solidariza y apoya al periodista José Antonio Neme y al canal La Red por abordar de manera crítica el actuar de las Fuerzas de Orden en un contexto de conflicto social y crisis sanitaria. El Colegio de Periodistas valora que se abran espacios de discusión y reflexión, sobre todo en un momento en que el periodismo debe retomar su vocación de ser un bien social de cara al proceso constituyente donde se espera se garanticen diversos derechos humanos vinculados al ejercicio del periodismo como el Derecho a la Comunicación.
Colegio de Periodistas de Chile, enero 2021
