Sin existir actos administrativos ni licitaciones públicas, durante 2020 la directora del IND, Sofía Rengifo, autorizó pagos superiores a las 4500 UTM vía trato directo a la empresa de seguridad “JCA Segurity Ltda” para instalar guardias en el centro acuático del Estadio Nacional. El requerimiento a contraloría fue presentado por las diputadas Marisela Santibáñez (PC), Maya Fernández (PS) y Gonzalo Winter (CS) a raíz de la denuncia realizada por la Asociación Nacional de Funcionarios del Instituto Nacional del Deporte (ANFUCHID).
El 23 de enero del 2020 se contrató vía trato directo, a la empresa de Seguridad “JCA Segurity Ltda”, con el objeto de instalar guardias de seguridad para el centro acuático del Estadio Nacional, cuyos servicios fueron utilizados hasta el 23 de marzo del mismo año, cobrando la suma de $127.500.051.
Al no existir ningún acto administrativo ni licitación para la contratación de la empresa, en junio del 2020 la directora del IND, Sofía Rengifo, ordenó el pago de la millonaria suma a través de resolución exenta bajo el fundamento que estos servicios habían sido prestados. Además, la directora ordenó una investigación sumaria para determinar responsabilidades en dicha contratación irregular.
El Presidente Nacional de Anfuchid, Álvaro Muñoz explicó que “ante la gravedad de estos hechos, las Directivas de la Región Metropolitana y Nacional, acudieron a las diputadas para solicitar iniciar una fiscalización y denunciar ante la opinión pública, los evidentes hechos ilegales que pudieran constituir actos de corrupción, y que atentan contra la transparencia, la probidad y el buen uso de los recursos fiscales; en tiempos de crisis global donde son más necesarios que nunca”.
Al respecto, la diputada Marisela Santibáñez (PC) planteó que “las denuncias realizadas por la asociación de funcionarios son gravísimas, porque estos pagos se realizaron en los meses en que vivíamos los peores momentos de la pandemia y cuando el Ministerio de Hacienda instruía a los servicios públicos la máxima austeridad fiscal para concentrar recursos en salud”.
A pesar de ordenar una investigación sumaria, el IND ejecutó un segundo pago de $107.000.000 dado que la misma empresa siguió entregando servicios de seguridad en el centro acuático del Estadio Nacional en los meses siguientes. Nuevamente, estos pagos fueron realizados sin contar con licitaciones ni actos administrativos.
Por su parte, la diputada Maya Fernández (PS) señaló que “es clave poder determinar si es que existieron anomalías en la contratación ya que se juega con la fe pública y la confianza en las instituciones. Si esto se comprueba, nos encontramos frente a una grave irregularidad y es gracias a los funcionarios y funcionarias que podemos solicitar que se investigue”.
Al cierre, la diputada Santibáñez enfatizó en la urgencia de realizar esta auditoria al Instituto Nacional del Deporte por parte del órgano contralor y agregó que “es importante que la contraloría determine las responsabilidades en esta millonaria contratación irregular para así tomar medidas administrativas y no seguir manchando el trabajo de muchísimos funcionarios y funcionarias públicas”.
