Patricio Mery Bell y Jorge Molina Araneda
Sebastián Piñera ha tenido una amplia y frondosa carrera, tanto política como empresarial, en ambas esferas siempre ha roto los límites de lo legal y moralmente correcto. Basta recordar que en su prontuario económico podemos hallar por lo menos veinticinco hechos delictuales de los que, claro está, ha salido incólume.
Ahora bien, en otro terreno, esta vez en cuanto a sus facultades como primer mandatario, ha elegido a Diego Simpértigue como candidato a ocupar un cargo de ministro de la Corte Suprema de Justicia. Candidato que, constitucionalmente, debe ser aprobado mediante votación del Senado hoy 11 de enero.
Diego Simpértigue es de Arica, donde cursó su enseñanza media en el anexo del Liceo de Hombres N°1. Luego se trasladó a estudiar Derecho en la Universidad de Valparaíso. Trabajó en la Corte de Apelaciones de Concepción, donde también ejerció como su presidente. Entre los magistrados del país es uno de los que más años lleva laborando en el Poder Judicial, con 40 años de trayectoria, ejerciendo en casi todos los escalafones del Poder Judicial: secretario, relator, oficial, juez y -finalmente- ministro. Además, se ha desarrollado como académico en las universidades de La Serena, Católica del Norte, sede Coquimbo, la República y de la Escuela de Formación Policial de Carabineros en Talcahuano.
Aparentemente los hechos hasta aquí narrados no constituyen algo relevante para la correcta marcha del país y de sus instituciones jurídicas; sin embargo, la abogada Mónica Araya Flores del Observatorio Ciudadano de la Corrupción Judicial ha puesto en alerta al Senado de la república ante la posible elección de Simpértigue, quien no contaría con una hoja de vida intachable que lo haga acreedor a ser miembro del máximo tribunal de nuestro país, y por antonomasia Piñera se ve estrechamente ligado a un individuo cuyo nombre sería sinónimo de corrupción y malas prácticas, algo que el presidente de Chile conoce al revés y al derecho.
He aquí la misiva enviada por la abogada Araya:
OBSERVATORIO CIUDADANO DE LA CORRUPCIÓN JUDICIAL
Enero de 2022
SRS. SENADO DE LA REPÚBLICA DE CHILE
PRESENTE
Mónica Araya Flores, abogada del Observatorio Ciudadano de la Corrupción Judicial, con domicilio en Alameda 980, Santiago, a los senadores respetuosamente digo:
Que, en sus manos, según el artículo 53 numeral 9 de la Carta Fundamental, está la aprobación al cargo de Ministro de la Corte Suprema, de Diego Simpértigue Limare, conocido en los bajos fondos como “El Padrino Simpértigue”, dado que, para su inclusión en el correspondiente nombramiento, ha comprometido, a través de sus operadores políticos clandestinos, la impunidad de Sebastián Piñera, en casos de corrupción que rodean su vida adulta, así, como las graves violaciones a los derechos humanos cometidas a partir del estallido social, de 18 de octubre de 2019. Lo mismo respecto del Ministro de Justicia, Hernán Larraín, en lo relacionado a su complicidad y encubrimiento de los crímenes de lesa humanidad consumados en el sur de Chile, en el antro nazi denominado Colonia Dignidad.
Este personaje, ha vendido sus atribuciones para asegurar la impunidad en beneficio de la notario de los narcos, Rosemarie Mery Ricci, involucrada en la falsificación y simulación de escrituras públicas como en el asesinato y secuestro de la adulta mayor doña Blanca Atenas Álvarez, testigo de los delitos primeramente indicados. Aquí, hay jueces y fiscales involucrados.
Otro hecho, que se encuentra publicado por los medios y denunciado en su oportunidad por el senador Alejandro Navarro, se relaciona con la inmunidad que Simpértigue le proporcionó a su pareja, Gilda Miranda Córdova, en la falsificación de sentencias judiciales en beneficio de otra organización criminal internacional que presta dinero a los jueces, conocida como Banco Santander (1). La víctima, esta vez, fue el ciudadano Luis Patricio Sáez Ramírez. También debemos mencionar los escándalos de nombramientos y fiscalización de notarios (2).
http://www.navarro.cl/sumario-interno-en-cde-por-filtracion-de-documentos/
- https://interferencia.cl/articulos/la-gran-familia-un-tercio-de-los-magistrados-de-cortes-superiores-tiene-
- https://ellibero.cl/actualidad/la-intrincada-trama-que-dejo-al-descubierto-la-nominacion-como-notario-delex-jefe-de-gabinete-del-ministro-de-agricultura/
En estos términos, cualquier designación estaría viciada. La oscuridad del procedimiento, considerando la intervención de operadores políticos en reuniones secretas con promesas de impunidad respecto de graves crímenes, atenta contra lo dispuesto por el artículo 1 incisos cuarto y quinto en relación con los artículos 4; 5 inciso segundo; 7; 8; 19 N° 3 inciso sexto; y 76, todos de la Constitución Política.
Esta denuncia pública se relaciona con la infracción de los deberes del Estado consistentes en promover el bien común, los derechos humanos y de proteger a la población. Tal infracción se materializa a través del despropósito de designar en la Corte Suprema a un individuo comprometido con la impunidad de graves crímenes de corrupción y de lesa humanidad, lo que vulnera tanto la condición de república democrática que define a Chile, como el principio de la probidad de los órganos del Estado. Adicionalmente, se quebranta el derecho a un debido proceso por parte de las víctimas y su acceso a un tribunal imparcial, cuyas decisiones futuras, en materia jurisdiccional, se encontrarían torcidamente influidas por el actual Presidente de la República, con el intercambio de favores inmorales – promesas de impunidad, lo que se prohíbe explícitamente, entre otros, por el citado artículo 76 de la Constitución.
La causa ilícita y el objeto ilícito en los actos jurídicos, incluso entre particulares, están sancionados, además, con la nulidad en el Código Civil, como indican sus artículos 1460, 1461, 1462, 1467, 1469, 1681 y 1682. Lo expuesto, es sin perjuicio de las correspondientes responsabilidades penales.
No tenemos mucha esperanza en los efectos de esta carta, dada la corrupción reinante en Chile, pero, como decía el reconocido abogado de Derechos Humanos Roberto Garretón Merino, hay que dejar testimonio.
Habiendo cumplido con mi deber de conciencia, mediante esta petición realizada en ejercicio del artículo 19 N° 14 de la Constitución, me despido atentamente.
