Por Romina Onel Rojas
Hace unos días balearon a Francisca Sandoval, una periodista independiente que cubría la marcha por la Conmemoración del Día del Trabajador. Hoy, Francisca lucha por su vida y los rumores de muerte cerebral son fuertes y descorazonadores.
La situación es intolerable por poderosas razones. La primera es la inseguridad a la que se ven sometidas las y los reporteros de medios de comunicación independiente, quienes han sido constantemente agredidos por cumplir con su rol periodístico, y por ser un puntal de la defensa por los derechos humanos, visibilizando aquello que no quiere ser mostrado.
El otro gran motivo de preocupación ante este escenario, es lo terrorífico que es que en plena democracia, -y más aún, en el Día de los Trabajadores-, se agreda con balas a los manifestantes y a miembros de la prensa independiente de nuestro país. Imposible no revivir los traumas que dejaron los días más oscuros de la dictadura.
Por eso, la querella anunciada por la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, por desórdenes públicos y por tenencia ilegal de armas, no basta. Tampoco basta con el repudio del Gobierno de Boric, ni con las distintas querellas que puedan surgir a partir del Ministerio del Interior.
No basta, porque lo que vimos en el video que anda dando vueltas en twitter, donde se ve el disparo a corta distancia que recibe Francisca, es prácticamente sicariato y este incipiente caos que se está instalando en nuestro país, tiene un gran parecido con el terror que se instaló en Colombia durante el apogeo de Pablo Escobar.
En este punto, es simplemente inevitable preguntarse, ¿Qué está pasando al interior de Carabineros?, cómo es posible que esta especie de “banda” del barrio Meiggs opere de esta manera, con total impunidad, y bajo sus narices.
Además de esto, se hace sospechoso saber que hay imágenes donde se ve a miembros de Carabineros conversando tranquilamente con los encapuchados que balearon a gente inocente, porque no deja de llamar la atención lo qué podrían haber estado conversando con civiles armados que agredieron gravemente a manifestantes y reporteros.
Si a esto le sumamos la reciente información revelada por el fiscal regional metropolitano sur, Héctor Barros, -quién aseguró que los incendios de las estaciones del Metro para el estallido social, se iniciaron en lugares estratégicos y de acceso restringido, y que esas mismas estaciones, estaban cerradas y custodiadas por Carabineros-, nuevamente, es inevitable preguntarse, no sólo quién quemó el metro, -porque parece muy inverosímil creer que el responsable sea un adolescente de 17 años-, si no que además, es imperativo preguntarse con qué fin.
Lo cierto es que no existen aún las pruebas suficientes para juzgar a los verdaderos culpables detrás de estos hechos de violencia, pero lo que sí se puede sacar en claro, es que Carabineros de Chile, claramente no está dando la talla.
Necesitamos que el Gobierno de Boric cumpla con su palabra y reforme esta Institución, empezando con la salida de Ricardo Yáñez, Director General de Carabineros. También es necesario que se tomen las acciones judiciales por Ley Antiterrorista en contra de quienes le dispararon a Francisca Sandoval y a las otras tres personas que resultaron heridas.
Y lo más importante es que tanto el Gobierno, cómo la población, comience a preguntarse, quiénes son los que realmente se benefician con estos estallidos de violencia y qué es lo que buscan conseguir con instaurar un aura de caos y terror.
