Universidad de Chile recibió la resolución del Tribunal de Disciplina tras los serios incidentes ocurridos el 30 de enero, en el marco de la primera fecha de la Liga de Primera. Durante el compromiso frente a Audax Italiano, un grupo numeroso de barristas protagonizó disturbios en la Galería Sur del Estadio Nacional, donde incluso se registraron daños por fuego en ese sector del recinto. La situación generó momentos de alta tensión y obligó a interrumpir el desarrollo normal del encuentro.
Los desmanes motivaron la intervención de Carabineros y terminaron con varios detenidos. Con el paso de los días, Azul Azul presentó querellas contra los involucrados y difundió públicamente imágenes, iniciales y el RUT de los acusados, como parte de las acciones emprendidas tras los hechos. Todo lo sucedido quedó consignado en el informe del árbitro Gastón Phillippe, documento que fue considerado en la posterior revisión del caso.
Este martes, luego de una extensa sesión, la Primera Sala del Tribunal de Disciplina dio a conocer el castigo para Universidad de Chile. Pese a que en los días previos se especuló con la posibilidad de disputar varios encuentros a puertas cerradas, finalmente se determinó una sanción acotada. El próximo partido como local, ante Deportes Limache el domingo 22 de febrero, se jugará con la Galería Sur cerrada y sin acceso de público, específicamente desde la puerta número 11 hasta la 18, ambas inclusive.
Problemas para Universidad de Chile
La resolución no se limita únicamente a ese compromiso de Universidad de Chile. Para los dos siguientes partidos en condición de local, el mismo sector del Estadio Nacional tendrá restricciones especiales. Según detalla el documento, en esas fechas sólo podrán ingresar a la Galería Sur mujeres de cualquier edad, menores de 12 años y hombres mayores de 65 años.
En su argumentación, el Tribunal explicó que consideró diversos factores al momento de dictar la sanción. “La circunstancia que no existió invasión al campo de juego, que el partido no fue suspendido, la toma de medidas que permitieron individualizar a un buen número de participantes en los hechos con las consecuentes medidas administrativas y judiciales adoptados en contra de los ellos, la correcta y oportuna intervención de los integrantes de la Seguridad Privada y el comportamiento de todo el resto del público que no participó en los hechos de violencia”, señalaron.
