El diputado Bernardo Salinas Maya (PC), anunció que oficiará al ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, a su par de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, y al delegado presidencial regional de Coquimbo, Víctor Pino, tras la filtración de un correo electrónico donde, supuestamente, se calificaba a un grupo de funcionarios por su postura política.
Al respecto, Salinas agregó que también solicitará la renuncia del titular de la seremi, Cristian Smitmans.“Vamos a pedir la renuncia, derechamente, porque efectivamente esta filtración de un listado donde se categoriza, donde se cataloga la condición política o la opción política de los funcionarios, que conozco la capacidad de los profesionales del Ministerio de Obras Públicas, y perseguirlo de esa forma es delación, es persecución, es una persecución ideológica y no, como lo ha dicho el gobierno, que se va a elegir o se va a trabajar con los mejores”, destacó el legislador.
Salinas Maya, agregó que este tipo de listados le recuerdan a una práctica desarrollada durante la dictadura cívico militar. “Es una situación gravísima, pero gravísima porque esto habla de prácticas dictatoriales, esto ocurrió en la dictadura y la delación y la persecución, en ese caso, la dictadura terminó con la muerte y la desaparición de profesionales que trabajaban en el Estado. Hoy día es la pérdida del trabajo y la estigmatización de un profesional que por carrera por muchos años ha desempeñado en forma destacada su trabajo”, destacó Salinas.
Tras lo conocido con esta lista, donde se registraban diversas anotaciones donde se incluían calificaciones como “zurdo”, “ya no está”, “ni fu ni fa”, “el más zurdo de todos”, el diputado Salinas Maya quiere saber si existe este tipo de planillas en otros servicios.
“Queremos saber si en otras reparticiones ha ocurrido exactamente estas mismas prácticas, porque si es así, es una cosa gravísima, vamos a oficiar no solamente al delegado presidencial, al ministro, sino también a la Contraloría General de la República, porque no puede ser que esto se establezca como una práctica permanente: la persecución ideológica a los funcionarios y funcionarias, porque efectivamente eso es atentar contra una cosa básica que es la estabilidad laboral, la dignidad de los profesionales”.
