El diputado independiente Gaspar Rivas ha impulsado un proyecto de ley que busca reformar la Constitución Política para otorgar al Presidente de la República la facultad de disolver el Congreso Nacional bajo condiciones específicas. La iniciativa, registrada bajo el boletín 17989-07, introduce el concepto de "estado de justicia" en el ordenamiento institucional y propone la derogación automática de cualquier norma que contravenga el espíritu del texto constitucional.
La propuesta legislativa sugiere modificar el artículo 7° para permitir que el Mandatario, mediante decreto exento, pueda corregir errores éticos o jurídicos y responder a necesidades sociales incluso sin una ley previa que lo faculte. Según el documento, esto se justifica en que "la necesidad perentoria e impostergable de corregir un error de naturaleza jurídica o ética... reviste siempre un valor infinita e inapelablemente superior al de una norma jurídica", siempre que esté ligado a la función pública y afecte a los particulares.
En cuanto a la relación con el Poder Legislativo, la reforma plantea que el Presidente pueda declarar un mensaje como "Esencial para el Interés Superior de la Nación" una vez al año, en áreas como seguridad, previsión social o recursos naturales. El texto de Gaspar Rivas establece que: “Si el Congreso rechazase dicho mensaje, o bien le introdujese modificaciones sustanciales que alterasen o afectasen la esencia del mismo, el Presidente de la República estará facultado para disolver el Congreso Nacional”.
Gaspar Rivas busca un cambio
De concretarse la disolución, el proyecto estipula que se debe elegir un nuevo Parlamento en un plazo de 180 días. Durante ese periodo de vacancia legislativa, el Jefe de Estado asumiría la función de dictar leyes a través de decretos con fuerza de ley, quedando exento de las limitaciones y controles habituales que establecen los artículos 64 y 99 de la actual Carta Fundamental en materia de delegación de facultades.
Finalmente, la moción de Gaspar Rivas propone un nuevo artículo 129 bis que decreta la anulación de pleno derecho, incluso de manera retroactiva, de toda norma que se oponga al "tenor literal o al espíritu y la esencia" de la Constitución. El proyecto, ingresado formalmente el pasado 21 de noviembre, se encuentra actualmente en su primer trámite constitucional dentro de la Cámara de Diputadas y Diputados.
