Los legisladores María Candelaria Acevedo y Matías Ramírez Pascal, miembros de la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputadas y Diputados, valoraron la votación transversal que tuvo el proyecto de fraccionamiento en su tercer trámite legislativo, pero llamaron a los industriales a dejar atrás las presiones ejercidas a lo largo de la discusión.
“Hoy se da el primer paso para dejar atrás el legado de corrupción de la Ley Longueira, pero todavía quedan instancias que son sumamente necesarias”, señaló el diputado Matías Ramírez en relación a la votación de la ley de fraccionamiento pesquero.
El parlamentario por Tarapacá fue enfático al señalar que la pesca artesanal se ha visto fuertemente afectada por la vigente ley de pesca. Por esa razón pidió al Senado darle urgencia al proyecto de nulidad de la ley, “para dejar atrás los efectos nocivos de la corrupción en esta materia”. Además, llamó a la derecha a dejar atrás las dilaciones en la discusión legislativa.
En ese sentido aseguró que es necesario que, en la futura comisión mixta, los intereses de la industria se queden fuera, argumentando que “no puede ser que, en la zona norte, la anchoveta, que es un recurso que está dentro de la zona exclusiva artesanal, algunos pretendan que el 50% siga en manos de la industria. Así que hacemos un llamado a hacer un esfuerzo para beneficiar a la pesca artesanal del Norte Grande y tener, en definitiva, el resultado que los pescadores artesanales requieren”.
En tanto, la diputada María Candelaria Acevedo, manifestó que la actual discusión, en donde se ha puesto de manifiesto la inequidad que dejó la corrupta Ley Longueira, ha despertado pasiones y ha desenmascarado a más de uno, “cuyas intenciones son las de perpetuar la estela de abusos que por más de 10 años han soportado quienes trabajan en la pesca artesanal”.
En dicha línea, sostuvo que el nuevo fraccionamiento no sólo busca corregir esa injusticia, sino que también asegurar la sostenibilidad de los recursos marinos para las generaciones presentes y futuras, otorgando un soporte distinto que permita avanzar en la justa seguridad alimentaria de nuestra población.
Sobre los guarismos, la legisladora de la región del Biobío se detuvo en la merluza común y le pidió al Ejecutivo que en la comisión mixta “reponga el 70-30 en beneficio de los artesanales, pero con la indicación que ese porcentaje en la región del Biobío sea de 50-50, resguardando así la estabilidad laboral de quienes trabajan en la única planta que procesa merluza común en la región, empresa que por lo demás cuenta con una alta presencia de mujeres en sus filas”.
También hizo hincapié en el mecanismo de subastas, clarificando que permitiría desarrollar la plataforma social para los pescadores artesanales, asegurando así las pensiones de quienes trabajan en este sector. “Sin ir más lejos, los pescadores del Bruma hoy no están cubiertos y dejan a sus familias en la indefensión, por lo tanto, es necesario reponer este mecanismo”, indicó.
Finalmente, la diputada Acevedo reiteró el llamado a la industria para que dejen el discurso del terror basado en anuncios de cierres y despidos, los que no se ajustan a las proyecciones reales.
