El conjunto de agrupaciones que componen Unidad Social emitió un comunicado durante la noche de este martes para emplazar al gobierno de Piñera para cambiar el foco de sus políticas, y privilegiar la salud de los trabajadores.
Afirman que “las medidas anunciadas por el gobierno del Presidente Piñera han sido tardías, titubeantes y parciales, pues han privilegiado el interés de sector privado, del gran empresariado y la actividad mercantil por encima del interés colectivo y de la salud del pueblo chileno”.
En ese sentido, Unidad Social “convoca al pueblo de Chile a exigir del gobierno la aplicación inmediata de una cuarentena preventiva nacional y al cese inmediato de actividades laborales, productivas y económicas en todos los servicios y sectores que no sean imprescindibles para el abastecimiento y aseguramiento de condiciones básicas para la vida y salud de la población”, en referencia a los malls, cines, restaurantes, museos, etc, y excluyendo a farmacias, supermercados y negocios de barrio, los que deben mantenerse abiertos, de acuerdo al conglomerado.
“De no cumplirse esta exigencia no quedará otro camino que la huelga general inmediata para garantizar la salud de los trabajadores sus familias y la población en general”, sostienen desde la organización.
Además agregaron que “toda la Red de atención en salud pública y privada” pase a estar bajo el control del Estado, con fin de garantizar la atención a los más vulnerables.
Asimismo, se propone “fijar, regular y controlar de inmediato los precios para productos esenciales para el abastecimiento de la población, en especial medicamentos e implementos de higiene y prevención, tales como, alcohol, gel, guantes, mascarillas y otros insumos de primera necesidad”.
Argumentan que “debe aplazarse en lo inmediato el pago de obligaciones hipotecarias, dividendos, deudas bancarias y crediticias con tiendas y servicios, sin cobro de intereses para l@s trabajadores y sus familias. Suspender las acciones ejecutivas de desalojos, incautación de enseres y remates por parte de la Tesorería General de la Repúblicay del Poder Judicial”.
La organización sostiene que “las empresas privadas y sector público deben otorgar obligatoriamente las facilidades para que l@s trabajadores puedan cumplir sus obligaciones desde su hogar, evitando el riesgo del desplazamiento y las aglomeraciones en el transporte público”.
Finalmente, en el ámbito doméstico cotidiano, la organización propone que “el Estado tiene la obligación garantizar y subsidiar los productos básicos de la canasta básica familiar para l@s jubilados que reciben pensiones miserables y para todos aquell@s que perciben sueldo mínimo y aquellas jefas o jefes de familia que no tienen trabajo remunerado”.
En esa línea, dicen “garantizar un subsidio para las y los trabajadores informales y asegurar redes de denuncia frente casos de la violencia doméstica y abuso sexual en periodos de cuarentena”.
“En estas nuevas circunstancias mientras dure la emergencia sanitaria, nos mantendremos activos y coordinados y readecuaremos las movilizaciones de manera creativa partiendo por los cacerolazos masivos desde nuestros territorios y viviendas a partir de mañana miércoles 18 de marzo en que se cumplen 5 meses desde el inicio del levantamiento social del 18 de octubre”, finaliza el documento.
