La Cámara de Diputadas y Diputados de Chile ha rechazado la reforma constitucional que buscaba modificar la dieta vitalicia de los expresidentes de la República. La iniciativa, que tenía como objetivo principal frenar el pago que recibiría el actual mandatario, Gabriel Boric, al dejar el cargo, no logró el quórum necesario para seguir adelante, lo que significa que el proyecto será archivado por un año.
El proyecto de ley fue presentado por los diputados Carlos Bianchi (indep.) y Pamela Jiles (PDG), y desde un inicio se dijo que su propósito era bloquear el pago que Boric, quien cumple 40 años en febrero, recibiría una vez que terminara su mandato. En el camino, la iniciativa recibió indicaciones, como la del diputado Gustavo Benavente (UDI), que buscaba posponer el pago hasta que los expresidentes cumplieran 65 años.
A pesar de que el proyecto ya había pasado por la Comisión de Constitución, no logró el apoyo necesario en la votación en sala. El proyecto necesitaba los votos de las cuatro séptimas partes de los diputados en ejercicio, pero solo obtuvo 78 votos a favor, cuatro en contra y 41 abstenciones. Un número considerable de parlamentarios se ausentó de la sesión, lo que impidió que el proyecto avanzara.
Gabriel Boric y su dieta vitalicia
El resultado de la votación ha generado diversas reacciones. El diputado Henry Leal (UDI) admitió que el proyecto tenía "nombre y apellido": Gabriel Boric. Por su parte, el diputado Carlos Bianchi, uno de los impulsores de la iniciativa, lamentó que la reforma no prosperara. Según el parlamentario, el proyecto buscaba que los expresidentes tuvieran una asignación equivalente a la de un ministro, cercana a los 7 millones de pesos, pero con el rechazo, "va a quedar con la asignación cercana a los 16 millones de pesos los anteriores exresidentes, incluido el actual Presidente Gabriel Boric”.
Con este resultado, Gabriel Boric, al igual que los exmandatarios anteriores, recibirá una dieta cercana a los 6 millones de pesos líquidos, además de otros 9 o 10 millones para gastos de traslación y funcionamiento de oficinas, de acuerdo con las cifras que maneja el Senado. El rechazo del proyecto significa que, por un año, no podrá ser discutido nuevamente en la Cámara.
