Un nuevo conflicto legal ha surgido en el caso judicial relacionado con la muerte del menor Tomás Bravo, lo que amenaza con complicar aún más el desarrollo del proceso. La Defensoría Penal Pública ha presentado acusaciones formales contra la Fiscalía Regional de Los Ríos por el uso presuntamente ilegal de técnicas de investigación intrusivas en contra de Jorge Escobar, tío abuelo del niño. Este enfrentamiento se intensifica en un momento crucial, ya que está próximo a iniciarse un juicio clave en el tribunal de Cañete.
Según lo informado por Radio Bío Bío, el punto central de la disputa gira en torno a trece diligencias investigativas que habrían incluido interceptaciones telefónicas y otros mecanismos de vigilancia. La defensa asegura que muchas de estas acciones carecen de sustento jurídico sólido y que las escuchas involucraron datos personales sensibles del tío abuelo de Tomás Bravo, incluyendo información sobre su orientación sexual, sin que existiera una justificación clara para acceder a dicha intimidad.
La defensa del imputado ha señalado directamente a la fiscal regional Tariana Esquivel como responsable de haber autorizado las interceptaciones sin contar con evidencia suficiente. Una de las transcripciones más controversiales incluye un diálogo en el que, aparentemente, Escobar coordina un encuentro sexual con una persona cuya identidad no ha sido revelada. Esta situación ha encendido las alarmas en el equipo defensor, que sostiene que se está vulnerando la privacidad del imputado sin fundamentos legítimos.
Novedades en el caso de Tomás Bravo
Además, la Defensoría ha argumentado que el Ministerio Público estaría investigando a Escobar de manera paralela bajo una nueva arista por sustracción de menor, a pesar de que en la causa principal ya se habría descartado la hipótesis de violación con homicidio. Este giro habría sido detectado recientemente por la defensa, lo que refuerza sus sospechas de que se estarían implementando estrategias investigativas por fuera de los cauces legales habituales.
Ante esta situación, los abogados del tío abuelo de Tomás Bravo solicitaron el acceso completo a la carpeta investigativa para verificar el contexto de las diligencias y determinar si se incurrió en irregularidades. Luego de que el Juzgado de Garantía de Arauco rechazara declarar ilegales las escuchas, la Defensoría decidió apelar ante la Corte de Apelaciones de Concepción, buscando revertir la situación y anular las pruebas que, según ellos, fueron obtenidas vulnerando garantías constitucionales.
