Una inédita controversia legal y sanitaria se ha desatado en Chile luego de que dos cargamentos con 30 extremidades humanas permanecieran retenidos en el aeropuerto de Santiago por cerca de un año. La retención, iniciada en septiembre de 2024, se debe a que la normativa chilena prohíbe la compra de cuerpos o partes humanas, permitiendo solo su donación para fines científicos.
Los cargamentos, provenientes de Estados Unidos, fueron importados por el Centro de Entrenamiento Quirúrgico SpA., una entidad dedicada a ofrecer capacitación a profesionales de la salud. La operación no superó el control de Aduanas, y desde entonces, las extremidades se mantienen almacenadas en una bodega en Pudahuel. La empresa importadora ha presentado un recurso de amparo económico ante la Corte de Apelaciones de Santiago, argumentando que el bloqueo vulnera su derecho a ejercer su actividad, especialmente considerando la crítica escasez de material cadavérico para docencia en el país.
El Centro de Entrenamiento Quirúrgico SpA. ha manifestado su preocupación, señalando a El Mercurio que esta situación “afecta el acceso a la capacitación de médicos cirujanos en nuestro país”. La compañía indicó estar dispuesta a colaborar con las autoridades para buscar una solución que permita la liberación y el uso de este material biológico esencial para la formación médica.
Polémica en el Aeropuerto de Santiago
Por su parte, la Subsecretaría de Salud Pública ha defendido la legalidad de la retención. La autoridad sanitaria explicó al mismo medio que la normativa nacional prohíbe estrictamente cualquier transacción comercial con cuerpos o partes humanas. Además, enfatizaron que “ninguna de las regulaciones existentes permite expresamente la importación de partes de cadáveres desde el extranjero y destinadas a la docencia”, y añadieron que la negativa de ingreso “no es un cambio normativo, sino la corrección de un procedimiento que no estaba siendo aplicado adecuadamente”.
Actualmente, la disputa se encuentra en la Corte Suprema, que deberá dirimir si la legislación chilena puede admitir la importación de estas partes humanas con fines de capacitación médica, en un contexto de compra y venta. Mientras el máximo tribunal resuelve el conflicto, las 30 extremidades humanas continúan bajo custodia en el aeropuerto de Santiago.